Correo,
Damián Godoy,
25 de Abril de 2007.
Damián Godoy,
25 de Abril de 2007.
- En el estado se han iniciado 92 casos de embarazo interrumpido, sin embargo ninguna mujer purga alguna condena
León
De acuerdo a un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con datos obtenidos a través de Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, reveló que Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el número de denuncias generadas por casos de abortos.
Entre los años 2000 a 2006, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió 92 denuncias en contra de mujeres que decidieron abortar. De acuerdo con el informe del GIRE, Guanajuato únicamente es superado por Baja California Norte, donde se originaron 185 denuncias en esos seis años, y por Nuevo León con 93 casos en el mismo periodo.
Sin embargo, la Procuraduría de Justicia del Estado ayer informó que será hasta el viernes cuando se revelen las actuales de las 92 averiguaciones previas iniciadas en el estado por casos de aborto entre 2000 al 2006, pues la dependencia requiere solicitar un informe a cada una de las cuatro Subprocuradurías para que éstas a su vez envíen un desglose con las conclusiones de cada expediente.
No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública del estado ayer confirmó que no hay mujeres recluidas en algún centro penitenciario de Guanajuato acusada de practicarse un aborto.
"Hay (presos) por homicidio, por robo, fraude u otros delitos, pero por aborto no tenemos a ninguna mujer encarcelada, eso es un hecho", afirmó Adrián Valencia, vocero de la secretaría.
De acuerdo a los códigos penales de 28 de las 32 entidades federativas del país, si la vida de una mujer corre peligro a causa del embarazo, ésta puede solicitar una evaluación médica por escrito y acudir con las autoridades de Salud para que le autoricen la práctica del aborto "por peligro de muerte".
Sin embargo, esta circunstancia no está prevista en cuatro estados de la República como son Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Querétaro.
VÍCTIMA DOS VECES
El pasado 7 de marzo del año pasado, la organización norteamericana Human Rights Watch publicó un informe en el que denunció que los funcionarios públicos mexicanos obstaculizan activamente el acceso a un aborto legal y seguro para víctimas de violación, además de no sancionar dicho delito y la violencia sexual dentro y fuera del seno familiar.
El trabajo titulado "Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México", describe detalladamente el trato que reciben por parte de agentes del Ministerio Público y personal de Salud las víctimas de violación que han resultado embarazadas.
Como ejemplo, el estudio cita un caso ocurrido en el estado de Guanajuato en 2002 de una adolescente de 16 años que fue violada por su padre al menos una vez a la semanadurante un año.
El archivo oficial sobre su acusación contra su padre, la adolescente declaró ante el Ministerio Público: "Quiero manifestar que yo no quiero tener al hijo que estoy esperando, porque siendo de mi papá no lo voy a querer".
Sin embargo, las autoridades no le autorizaron que se practicara un aborto legal. "Las afectadas por violación que resultan embarazadas son victimizadas por partida doble: la primera vez por el perpetrador de la violación y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran e insultan, y que les niegan acceso a un aborto legal", acusó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
La organización menciona el caso de otra guanajuatense que fue objeto de abuso sexual por su padre desde la edad de seis años, sin embargo la víctima tuvo que enfrentar acusaciones penales por "incesto" y por ello debió concebir dos hijos como resultado de su violación continua.
"La definición del incesto como relaciones sexuales voluntarias es un insulto a los miles de niñas que sufren diariamente de abuso. Nadie, y menos aún las niñas violadas y embarazadas por padres o hermanos debiera ser obligada a llevar a término un embarazo", denuncio Kenneth Roth.
El estudio concluye que "las leyes de los estados sobre la violencia sexual y doméstica son claramente deficitarias respecto a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos".
PROBLEMA NACIONAL
La investigación realizada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y que este lunes fue difundida a los medios, reveló que en los últimos seis años, al menos 524 mujeres fueron denunciadas en México por practicarse un aborto ilegal.
De esas denuncias, 28 mujeres han sido procesadas y 14 sentenciadas. Las 28 mujeres que han sido procesadas por practicarse abortos ilegales son originarias de Baja California y Guerrero, mientras que las 14 sentenciadas provienen del estado de Sonora.
Con base en esas cifras, la organización no gubernamental diagnosticó que en México la persecución legal del aborto es casi nula, sin embargo, llega a ser selectiva debido a que sólo las mujeres que viven en pobreza y/o situaciones de marginación son las únicas que enfrentan la posibilidad de ser denunciadas.
En México, el Consejo Nacional de Población estima que cada año ocurren alrededor de 110 mil abortos "clandestinos", mientras que organismos civiles calculan que esa cifra es en realidad de 500 mil abortos.
No obstante, el GIRE asegura que las denuncias presentadas entre 2000 y 2006 por casos de embarazos interrumpidos corresponden, en su mayoría, a acusaciones realizadas por el personal de los centros de Salud en contra de mujeres "que se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad".
La organización destacó que a pesar de que las denuncias por abortos ilegales son escasas, en México hay casos de mujeres pobres que abortaron de manera espontánea y que aún así, fueron acusadas penalmente, "lo que da muestra de que la persecución legal es discriminatoria".
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