El Raldo Bajío,
Mario Carrillo,
24 de mayo de 2007.
Mario Carrillo,
24 de mayo de 2007.
En la víspera de presentar su informe anual de actividades, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) informó que desde el viernes pasado advirtió al Municipio de León que la restricción al libre tránsito de personas en las calles Nuevo León y La Rivera viola las garantías constitucionales y ordenamientos de la Ley General de Población. El lunes 21 el propio alcalde aseguró que acataría la recomendación, pero se constató que el Municipio hizo caso omiso.
“Señores, hay límites”, dijo ayer la subprocuradora Margarita López Maciel, quien acudió el martes a la zona de La Rivera y comprobó ella misma las restricciones y acoso de elementos de la policía municipal. Le requirieron identificación y probar que residiera en la zona. Como en efecto no es vecina de esas calles, “por órdenes superiores” la obligaron a retirarse... de la vía pública.
La Procuraduría no sólo tuvo señalamientos para las autoridades de León. Calificó de “grave” el rezago en cuanto a respeto y observancia de los derechos humanos en Guanajuato ante el avance de ejecuciones, suicidios, discriminación por preferencias u orientación sexual, viviendas poco tan indignas que inhiben la sana convivencia familiar, condiciones paupérrimas en reclusorios...
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